Claves sobre la firma electrónica en el Perú

Todo sobre la firma electrónica en Perú y los tipos que existen

La firma electrónica es una alternativa a la clásica y comúnmente utilizada firma manuscrita. En el Perú, ambos tipos de firmas tienen la misma validez y eficacia legal. La firma electrónica está regulada por la Ley 27269 de firmas y certificados digitales. Con ella, se puede firmar documentos de forma digital con los que se pueden realizar trámites con entidades públicas y privadas, personas naturales y empresas.

Clasificación de las firmas electrónicas

El Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales se modificó por última vez en Febrero de 2021, tras lo cual se estableció su clasificación de la siguiente manera:

  • Simple: dato en formato electrónico anexo o asociado de manera lógica con otros, que utiliza un firmante para firmar.
  • Avanzada: firma electrónica simple que está vinculada al firmante de manera única, permite su identificación, ha sido creada utilizando datos de creación de firmas que el firmante puede utilizar bajo su control, y está vinculada con los datos firmados de modo que cualquier modificación posterior de los mismos es detectable.
  • Cualificada: es la firma digital, tiene la misma validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita, y ha sido generada por un Prestador de Servicios de Certificación Digital debidamente acreditado. El término firma digital se refiere a la firma electrónica cualificada. Para firmar digitalmente un documento se requiere de un certificado digital emitido por una Entidad de Certificación a nombre del titular del certificado.

Beneficios de la Firma electrónica

El uso de la firma electrónica ofrece diversos beneficios. Entre los principales, destaca el ahorro de tiempo y de espacio. Al valerse de archivos digitales, no hay necesidad de almacenar archivos en espacios físicos ni invertir tiempo organizándolos. Esto, a su vez, permite la reducción de costes por impresión. Estos costos suelen ser significativos cuando se registran en grandes volúmenes. No solo está involucrado el uso de papel, sino también el de tintas y máquinas de impresión y escaneo, así como utensilios de almacenaje. Por consecuencia, la cantidad de papel utilizado para estos fines se reduce considerablemente, evitando así la tala de miles de árboles anualmente.

Además, el uso de la firma electrónica puede agilizar muchos trámites burocráticos, ya que no es necesario esperar por una firma manuscrita. Esto permite acreditar certificados digitales, realizar trámites en línea y firmar documentos electrónicos, ya sea en dispositivos físicos o móviles.

Certificación

Para que la firma electrónica tenga validez, esta debe ser certificada por una entidad autorizada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. En su página web se puede encontrar el Registro Oficial de Prestadores de Servicios de Certificación Digital (ROPS). Este es un directorio que contiene un listado con todas las entidades autorizadas, cuyo número asciende a 69 en el 2021. Esto permite que tanto la persona que requiere certificar su firma electrónica como una entidad que reciba un documento firmado electrónicamente, puedan comprobar la veracidad de la misma. En definitiva, es útil servirse de esta verificación como un paso más de autenticación.

Los certificados digitales pueden otorgarse tanto a personas naturales como a personas jurídicas.

Para obtener un certificado digital para una firma electrónica de persona natural, solo hace falta contar un documento de identidad (DNI) o Carné de Extranjería (CE), realizar la solicitud del certificado digital a través de la web de una de las Entidades de Certificación certificadas y realizar el pago correspondiente siguiendo las instrucciones. El precio varía según la vigencia contratada, que puede ser de 1, 2 ó 3 años

En el caso de firmas electrónicas para personas jurídicas, estas sirven para identificar a uno o más representantes legales y otros trabajadores de la empresa, y puede tener una vigencia de 1 ó 2 años. En estos casos, se requiere que se emplee un token y que la entidad haya sucrito un contrato de prestación de servicios de Certificación Digital con el RENIEC.

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